Ni los augurios más pesimistas
previeron el desplome de CiU en las últimas elecciones catalanas. ¿Qué ha pasado?
¿Que de repente unos profesionales solventes como los investigadores de opinión
se han vuelto medio inútiles? No, sucede lo de siempre: queremos duros a cuatro
pesetas.
La auténtica realidad es que las
empresas investigadoras de opinión se han visto obligadas a proveer sondeos a
precios de derribo, con ingresos que no dan ni para pagar el sueldo de toda la
maquinaria humana necesaria para realizar un estudio de investigación como dios
manda.
Y la estadística tiene sus reglas.
La primera es que para obtener un mayor nivel de confianza no hay más remedio
que aumentar el tamaño de la muestra; esto significa más encuestadores y más
supervisores. La segunda regla es que la muestra debe ser un reflejo ponderado
del universo que se quiere investigar; para explicarlo con un ejemplo, es más
difícil (más costoso) contactar con votantes con trabajo que en paro, pero si
tenemos que entregar el sondeo con rapidez y con unos encuestadores mal
pagados, este tipo de detalles los acabamos pasando por alto.
Para más inri a las empresas de
sondeos les están lloviendo críticas por la poca precisión de los datos. Éstas
se defienden como pueden y achacan la
desviación a la “radicalización y alta
participación”, según ha declarado Aneimo, la principal asociación del
sector. Aneimo seguramente no ha querido cargar mucho las tintas contra sus
clientes; pero si se lee la noticia hasta el final no queda ninguna duda: “ha
habido que trabajar con menos recursos de los necesarios, en una situación
compleja”.
Al final, los primeros perjudicados son los propios
clientes: los medios de comunicación que han confundido a sus audiencias y los
partidos políticos que han tomado decisiones de campaña basadas en
informaciones “low cost”.
Luis Delgado
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